Como cobrar las Jubilaciones y Pensiones(en tiempo de  CORONAVIRUS).

Es necesario instrumentar la efectivizacion de los pagos  de  haberes y/o beneficios, mediante un sistema que  no implique el riesgo de las largas colas presenciales.

A continuación, menciono algunas  ideas que se pueden  implementar:

• Obligación de cobros de los mismos, mediante  cajeros automáticos( exclusivamente). En caso de que no  lo sepan utilizar, cada banco destinara  personal del mismo para que colaboren  con los jubilados y/o pensionados, a los fines de que puedan extraer los importes de los cajeros habilitados.
• El PAMI, en colaboración con cada  intendencia,deberá  elaborar un listado de las personas que deban cobrar los beneficios, dentro de la jurisdicción  que correspondiere. A partir de ese listado, nombrara un representante y/ o gestor  que se encargara de los cobros, dentro de un porcentual de afiliados o beneficiarios a estipular. También se encargara de la entrega de dichos importes.Este sistema sera utilizado por las personas que no tengan apoderado establecido y/o familiares que puedan realizar los cobros por ellos.
• Instrumentar un sistema de cobro mediante los Servicios de Correo autorizados que transportaran los montos, al domicilio del titular. 

Hay que tener en cuenta que las largas colas vistas en el día de hoy, corresponden a personas que no detentan las tarjetas  correspondientes ( sea porque la extraviaron, no las retiraron o no fueron enviadas por la Entidad Financiera pertinente).Atento esta circunstancia, el Gobierno deberá tomar nota de esto, y enviar las tarjetas faltantes a los titulares u apoderados,  a través del Organismo correspondiente.

Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

Prescripción y Caducidad.

El Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se encuentra vigente desde el primero agosto. En el  Ordenamiento, se establecen modificaciones a la Legislación anterior, que impactaran notablemente en la  ciudadanía y su desenvolvimiento regular. Existen muchos interrogantes en torno a su "aplicacion". Lo cierto es que la misma, deberá respetar  el principio de legalidad y  la seguridad jurídica ineludibles en un Estado de Derecho.

Con relación a dos Institutos del Derecho (Público y Privado), como la  Prescripción y  Caducidad, hay variaciones en el Nuevo Ordenamiento. Antes de adentrarme en el tema, abordare las pautas generales propias de cada uno de ellos, a saber:

• ·         Prescripción: Es un Instituto General del Derecho, cuya característica principal es que extingue “la acción”. Proviene de la ley. La prescripción adquisitiva se puede oponer como defensa, no como excepción. La prescripción liberatoria se puede interponer como acción, como defensa o excepción, debido al alcance de que se considera una pretensión.

• ·         Caducidad legal o convencional: Este Instituto extingue “el derecho”. Se aplica en casos concretos y determinados. Puede resultar de la ley( legal) y/o   por convenio de partes. (convencional).Puede ser caducidad sustancial y/o procesal( de instancia y/o actos procesales).

Caducidad y Prescripción en materia Tributaria.

En materia de gravámenes, ambos Institutos se encuentran dentro de la órbita del  Derecho Público.

La prescripción es un Instituto del Derecho, que no opera automáticamente al extinguir la acción. La prescripción tributaria obedece a razones de lógica jurídica. El bien jurídicamente protegido de la misma,es el interés  general. Actúa como un medio, cuya finalidad es asegurar el orden público. Su aplicación propicia que los  sujetos pasivos,  no se vean expuestos  a reclamaciones y/ o pleitos, luego de que un prologando transcurso del tiempo e inacción o silencio, determinaron una suerte de  “derecho implícito” y/o  confianza en  que dicho  derecho no se ejercería. Por ello, la prescripción  no debe ser acogida de oficio, sino que debe ser alegada por la parte interesada. Sin embargo, cierta doctrina alega que conforme a  especificad y bien tutelado en el Derecho Tributario, se admitiría la aplicación de oficio de la prescripción.

La Caducidad protege también “el interés general”, propiciando la certidumbre en las relaciones jurídicas. A diferencia de las normas que regulan la prescripción, la caducidad no es susceptible de interrupción o suspensión y  permite ser acogida de oficio.

Ambos Institutos se encuentran regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el Libro Sexto, Titulo I. Capítulos 1 a 4. Arts. 2532 a 2572.

En materia de prescripción tributaria, en el art. 2560, se advierte una contradicción con normas constitucionales. En dicho artículo se establece un plazo de prescripción general  quinquenal (5 años), y a continuación agrega…” siempre que la legislación local no prevea un plazo distinto”. (*1).Es decir, habilitaría a  las Provincias y Municipios(a través de sus  respectivos Órganos Legislativos), a establecer los plazos de prescripción en materia tributaria.

Esta norma se contradice abiertamente con el articulo 75 inc. 12 de Nuestra Carta Magna(*2) y a la   Jurisprudencia imperante de la Corte Suprema de  Justicia de la Nación( *3),que con relación a  la aplicación  del instituto de la  prescripción  ha  expresado, en distintas  causas, la vigencia de las normas de la legislación común dictada por el Congreso de la Nación, sin que puedan apartarse de lo allí dispuesto las leyes y ordenanzas locales.

En  Municipalidad de Avellaneda s/ incidente de verificación, en Filcrosa SA, la CSJN se pronunció inequívocamente al respecto, afirmando…. que del  texto expreso del art. 75, inc. 12°, CN, deriva la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción y los demás aspectos que se vinculen con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. Y ello así pues, aun cuando los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación definidos y expresos, es claro que la facultad del Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo, comprende la de establecer las formalidades que sean necesarias para concretar los derechos que reglamenta y, entre ellas, la de legislar de manera uniforme sobre los aludidos modos de extinción.

Concluyendo, esta  notoria contradicción debe resolverse a la brevedad, ya que se  haya involucrado el Orden Publico.

Con relación a la Caducidad, se encuentra regulada en los arts. .2566 a 2572 del Cuerpo citado. El art. 2573 dispone expresamente, que la caducidad podrá ser declarada de oficio por el Juez, cuando este establecida por ley y corresponda a  materias, que no permitan  a  las partes, su interposición. (*4).

*1. Art.2560 CCCN: Plazo Genérico. El plazo de prescripción es de cinco años, excepto que este previsto uno diferente en la legislación local.

*2. Art.75 inc.12. de la Constitución Nacional. Corresponde al Congreso:… 12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina: así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.

*3. Municipalidad de Avellaneda s /inc. de verif. en Filcrosa S.A. s/ quiebra"-30/09/03;"Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Ullate"-01/11/11,"Municipalidad de Resistencia c/ Lubricom SRL. s/ ejecución fiscal"-08/09/09; "Provincia del Chaco c/ Rivero Rodolfo Aníbal s/ apremio" -1/11/11; "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Bottoni, Julio Heriberto s/ ejecución fiscal - radicación de vehículos", -06/12/11; "Municipalidad de la Ciudad de Corrientes c/ Herrmann, Alejandro Enrique s/ apremio",-11/02/14 y "Dirección General de Rentas c/ Pickelados Mendoza S.A. s/ Apremio",-05/08/14.

*4. Art.2572 del CCCN: Facultades Judiciales. La caducidad solo debe ser declarada de oficio por el juez, cuando este establecida por la ley  y es materia sustraída a la disponibilidad de las partes.

DERECHOS DEL NIÑO.

CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1), fue aprobada  en el año 1989. Este es el Tratado sobre Derechos Humanos con mayor ratificación a nivel mundial. Solo tres países aun no han ratificado el mismo: Estados Unidos, Somalia y Republica de Sudan del Sur. En nuestro país, este tratado tiene jerarquía constitucional conforme art 75 inc 2 de nuestra Carta Magna.

El concepto de “niño”, engloba a todas las personas menores de 18 años. En la Convención se incluye detalladamente todos los derechos  humanos   que les asiste. Los Estados Partes están obligados a brindar seguridad y protección a los menores, sin ningún tipo de miramiento y/o discriminación. Los derechos fundamentales  de los niños tales  como a  la nutrición,  salud, educación, acceso a la información, resguardo de la  integridad física y psíquica, como así también al desarrollo  pleno de sus habilidades y talentos, en condiciones de dignidad que faciliten su participación activa en la comunidad, deberán ser respetados y los Estados firmantes están obligados a promover y proveer de medidas  que garanticen el ejercicio efectivo de estos derechos.

Cabe destacar,  la nueva significación del concepto “Niño (Infante)”, a través de la consagración del niño como SUJETO  y no, como objeto de derechos.

“Sustracción” y “Restitución” Internacional de Menores.

El artículo 11 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que los Estados Firmantes deberán acordar convenios y/ o tratados Bilaterales o Multilaterales, para luchar contra los traslados ilegales o retención ilícitas en el extranjero de niños.

Encuadre Jurídico (Arg); Convención de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Abducción Internacional de Menores (1980). Convenio Argentino-Uruguayo sobre Protección Internacional de Menores (1981) .Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (1989).

Los Estados han buscado alternativas legales y practicas  a los fines de proteger internacionalmente a los menores  sustraídos y/ o retenidos ilícitamente  en otros Países, estableciendo mecanismos que resuelvan su pronta  restitución  a la residencia habitual.

En tal sentido, en el ámbito de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado se ha elaborado en el año 1980 el “Convenio sobre los Aspectos civiles de la Sustracción internacional de Menores”, el mismo destaca los aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

En la “Convención  Interamericana sobre  Restitución Internacional de Menores” (2); el reemplazo del vocablo “sustracción” por el de “restitución”, evidencia finalidad del Convenio, lograr la restitución inmediata del menor.

Ambos convenios han sido ratificados por nuestro país, siendo los  más utilizados para la resolución de casos de sustracción o retención ilícita de niños en un Estado diferente al de su residencia habitual.

Asimismo, la República Argentina cuenta con un instrumento de carácter bilateral en la materia. El Convenio Argentino-Uruguayo sobre Protección Internacional de Menores, hecho en Montevideo, el 31 de Julio de 1981. Este Convenio, continua vigente, aunque su aplicación ha sido desplazada por la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores.

La situación familiar de conflicto en virtud de la cual un progenitor traslada o retiene ilícitamente a su hijo en un estado diferente al de su residencia habitual recibe un tratamiento especial por parte de la legislación convencional e interna (un ejemplo típico es la disolución de matrimonios multiculturales, que puede provocar este tipo de situaciones).

Nuestro régimen, pone el acento en los aspectos civiles del conflicto familiar, considerando que el traslado o la retención ilícitos no configuran  delitos, sino un ejercicio abusivo de derechos por parte del progenitor que traslada o retiene al niño. Esto es así, debido a que esa retención o traslado indebido se da en el marco del ejercicio de su patria potestad.

El problema puede suscitarse cuando un sustractor  abandona  junto al menor, el país de residencia habitual. En este caso, la denuncia penal en su contra puede obstaculizar  la aplicación de los convenios de restitución. En efecto, los tribunales pueden resolver contrariando la restitución del menor, ya que el progenitor sustractor puede verse privado de acompañar a reintegrar a su hijo y de ejercer luego su derecho a peticionar en la jurisdicción competente para decidir sobre la custodia del niño.

Para determinar que hacer en cada caso concreto, hay que tener en miras el interés superior del niño.

En la República Argentina se encuentra vigente la Ley 24.270, que tipifica el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes. Esta ley, prevé una pena agravada para el progenitor que impide el contacto de su hijo con el padre no conviviente, y lo traslada al extranjero. También  la realización de la denuncia por impedimento de contacto, puede ser perjudicial, al momento de que el padre sustractor pretenda restituir  al menor. Esta situación puede  resolverse, con una  presentación en Juzgado y la manifestación de que el contacto ha sido restablecido.

Concluyendo, es común  que los padres que han sido separados de sus hijos, inicien varios procedimientos simultáneamente al de restitución. En estos casos, aunque  el interés del padre desposeído debe prevalecer sobre el del progenitor autor de la retención y/ o traslado ilícito, el interés superior del niño se erige  por sobre encima de  ambos.

PROCEDIMIENTO EN CASO CONCRETO:

Para determinar las vías de acción ante hechos concretos, existe necesidad de determinar el régimen aplicable.

En principio hay que conocer si el país donde se encuentra el menor, es o no firmante de la Convención. La Convención en ese caso, brinda un conjunto nuevo de herramientas.

Posteriormente, hay que explorar otras soluciones del derecho interno de ese país.

En nuestro país, se creó un procedimiento especial y autónomo en estos casos, a partir de jurisprudencia en el caso Wilner Eduardo Mario c/ Osswald María Gabriela s/ Recurso de Hecho (3), cuya finalidad es el reintegro del menor a su residencia habitual. Asimismo, se incorpora un nuevo concepto, “centro de vida” del menor.

El procedimiento  en Argentina se inicia al  completar formulario de denuncia, cliqueando el siguiente enlace de la pagina del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;  http://www.menores.gob.ar

Junto con el mismo, adjuntar documentación que acredite el vínculo.

A  partir de la asistencia de la Autoridad, se busca en principio una conciliación. Si no se resuelve, queda expedita la vía judicial.

La parte requerida (progenitor sustractor) tiene cinco días para oponer excepciones. Entre las excepciones  puede argüir las siguientes: grave riesgo físico y psíquico si el menor es devuelto,  y/o  denunciar que persona que peticiona no ejerce debidamente su derecho de custodia.

El Estado requerido no está obligado a devolver al menor, si no  ratifico la Convención.

(1)  http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_MNcdn.pdf

(2)  http://www.menores.gob.ar/documentos/convencion_interamericana_ley_25358.pdf

(3)  http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo13/files/Wilner.PDF

Asociaciones Civiles, ONGs y Fundaciones.

Los  tres conceptos tratan de personas plurales legitimadas y tienen  en común que el objetivo de su constitución es el bien común directa o indirectamente y no persiguen un fin de lucro.

El Artículo 33 del Código Civil distingue a las personas jurídicas de carácter público y de carácter privado.

 Art. 33. Las Personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. Tienen carácter público:1°. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios.2°. Las entidades autárquicas.3°. La Iglesia Católica.Tienen carácter privado:1°. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.2°. Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar.(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 17.711 B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir del 1° de julio de 1968.).
Conforme párrafo precedente, el art. 33 designa a las asociaciones y fundaciones dentro de la categoría de personas jurídicas de carácter privado.

Por un lado se presenta la estructura de tipo Asociación, que se caracteriza por tener miembros o socios que reciben el beneficio de la actividad que desarrolla la institución. Cabe destacar, que las actividades pueden ampliarse o cambiarse siempre respetando la esencia de bien común, pudiendo afectar su patrimonio  a las distintas actividades que se realicen. Un Ejemplo claro son los Clubes Deportivos.

Otro carácter que la define es que el estatuto se origina en la voluntad de sus miembros que pueden modificarlo de conformidad a las previsiones contenidas en el mismo. Asimismo, el fin de las mismas,  tiende al beneficio de los propios asociados. Por último, la asociación se distingue en que los socios de aquélla tienen derecho a exigir de la entidad la prestación de los servicios y beneficios previstos en los estatutos.

Recordemos en este caso, que la Cruz Roja  es una Asociación Civil Internacional Humanitaria, que ha ampliado las actividades que desarrolla en cada país, según lo requiera las circunstancias propias de los mismos, sin desvirtuar su Objeto o Misión.

Por otra parte,la Fundación se distingue por carecer de miembros, sólo tienen administradores y beneficiarios de la institución que son externos a ella. Además, el estatuto de la fundación se origina en la voluntad del fundador y/o fundadores(acto jurídico unipersonal o plural). Por tanto, la fundación no puede cambiar su propio estatuto.Por último, otra caracter que ls distingue,es que  sus beneficiarios carecen del derecho a exigir de la entidad la prestación de los servicios y beneficios, y solo la autoridad pública por intermedio de sus organismos de fiscalización y contralor pueden rectificar cualquier acto realizado por los administradores de la Entidad que contrarie lo dispuesto en el Estatuto. 

Las asociaciones se clasifican en comerciales o civiles.Las comerciales persiguen, lógicamente, un fin de lucro, que trae beneficios a sus miembros, aunque indirectamente redunde en bien de la sociedad. Dentro de esta categoría se encuentran las SRL, reguladas por ley 19.550.

Las fundaciones son personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común, sin propósito de lucro, mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinados a hacer posibles sus fines. Se encuentran reguladas por la ley 19.836.

El Código Civil no contiene disposiciones acerca de las Fundaciones, más allá de la aplicación de las normas comunes a toda persona jurídica. La ley establece el régimen aplicable a este tipo de personas de existencia ideal. Dispone también  un Consejo de Administración para el cumplimiento del fin que ella persigue, que debe contar con al menos tres miembros, los cuales pueden ejercer sus funciones de modo permanente o transitorio. A su vez crea un Órgano de Control, denominado Comité Ejecutivo. El patrimonio sólo puede destinarse a la realización del objetivo determinado en el acta fundacional .La ley reglamenta también que los beneficiarios pueden ser indeterminados en cuyo caso no pueden exigir la prestación o determinados, con derecho a exigir la prestación.

La autoridad administrativa de control que regula el objeto o fin fundacional es la Inspección General de Justicia. (IGJ). Ante este Organismo, se efectúan también, la inscripción de las Asociaciones y Fundaciones, conforme el procedimiento previsto. Remarcamos nuevamente que la IGJ no tiene competencia  federal, cada entidad Provincial debe fiscalizar a través de los Órganos que determine, las actividades de asociaciones constituidas en su jurisdicción.

Aunque no se persiga un fin de lucro, ambas figuras deben cumplir con requisitos propios de las sociedades comerciales. Es decir:

1. Deben Poseer un propio patrimonio.
2. Realización de actividades tendientes a obtener recursos que procuren la vigencia de dichas asociaciones.
3. Deber de presentar estados contables.

Estas Entidades, están exentas de los siguientes gravámenes: IVA, Impuesto a las Ganancias, Ganancia Mínima Presunta Ingresos brutos, Impuesto a los Intereses Pagados y el Costo Financiero Empresario. 

Estos beneficios impositivos, propician que  se realicen maniobras y/o  que se constituyan Entidades civiles, cuyo objeto principal no sea el bien común y busquen obtener utilidades para los miembros utilizando dichas figuras. Por ello, el Fisco  y la IGJ han aumentado los controles sobre las mismas.

Existen otra Entidades Civiles denominadas Organizaciones No Gubernamentales.Tienen fines solidarios y vocación de servicio; se ocupan de temas en donde el Estado Regulador debería intervenir, prioritariamente del área social. Esta acción colectiva logra una mayor presión sobre el Estado, al exponer las necesidades y exigir una solución, que de forma particular no se conseguiría de forma expedita. Reciben también aportes de Empresas, Particulares y el Estado mismo.

Las entidades civiles, al igual que cualquier sociedad, poseen problemas  pecuniarios que hacen imposible su sostenimiento, aun recurriendo a financiamiento externo previo. La comentada y publica Quiebra de Racing Club de Avellaneda cito  precedente, en relación  a procedimientos a seguir en caso de  Estado de Cesación de Pago, ya que la normativa específica de Concursos y Quiebra no incluía a las Asociaciones.

Con este publico acontecimiento, se sanciono una ley aplicable a  todas las asociaciones civiles  con personería jurídica que detenten problemas económicos, la ley 25.284.

El espíritu de la normativa fue proteger el deporte  como derecho social,procurando por esto el  saneamiento de los pasivos de estos Entes.

DONACIONES PARA AFECTADOS POR EL TEMPORAL.

Organizaciones sociales, políticas, ONG`s y sectores de la Iglesia reciben donaciones para los afectados del temporal que azotó a la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y otras zonas del conurbano bonaerense.

Se dispusieron distintos puntos en los que se reciben alimentos no perecederos, colchones, sábanas, frazadas, ropa, medicamentos, toallas, elementos de limpieza e higiene, pañales, leches en polvo y todo lo que se pueda acercar.

En la Ciudad de Buenos Aires, las donaciones se pueden acercar de 16 a 21 horas a las sedes ubicadas en Santiago del Estero 1209 -Constitución- y en Combate de los Pozos 1387 -San Cristóbal-. En Flores: Bonifacio 2759. TE 4612-2299, Nuevo Encuentro en Avenida Federico Lacroze 3381 o en Gurruchaga 2122,los Comités de UCR Capital estarán ABIERTOS para albergar y asistir a damnificados. Consultas al 4372-0775.

En Pico 3500 – Comuna 12, del Gobierno de la Ciudad se reciben donaciones para los afectados del barrio Mitre. También la Federación Universitaria de Buenos Aires recibe donaciones en Uriburu 920 (Ciudad de Buenos Aires).En tanto, las organizaciones Un Techo, Caminos Solidarios y Un Minuto de Vos reciben colaboraciones en Av. España 2230, sobre la Costanera Sur de la Capital Federal.

Otros de los puntos a los que se puede llevar ayuda son Carlos Calvo 3401 (Boedo), Castro Barros 236(Almagro), Parral 119 (Caballito),Av. Cobo y Emilio Mitre (Bajo Flores), Somellera 5755 (Villa Lugano), Tabaré 3342 (Villa Soldati), Murguiondo 404(Liniers), Padilla 581 (Villa Crespo), Espinosa 2009(Paternal), Terrero 1590 (Villa Mitre) entre otros.

Por otra parte, en la Ciudad de la Plata; las donaciones pueden acercarse a Unidad Básica ubicada en calle 6 entre 62 y 63; en la Unidad Básica de barrio El Mondongo ubicada en 121 entre 70 y 71; en el Centro Cultura Oesterheld ubicado en calle 13 entre 55 y 56; Unidad Básica JP La Plata ubicada en calle 4 entre 44 y 45; Centro Cultural La Vecindad ubicado en diagonal 79 y 63.

Cáritas Buenos Aires informó que concentrará las donaciones en la parroquia Madre de Dios, ubicada en Av. Escalada 2350, de Villa Lugano, mientras que en la catedral de La Plata, se colocó un camión para recibir las colaboraciones que acercan los vecinos.

· También la sede platense de Cáritas abrió la cuenta corriente Nº52625/8 Banco Provincia Casa Matriz para que se los interesados puedan transferir fondos.

Por su parte el titular de Red Solidaria (www.redsolidaria.org.ar), Juan Carr, anunció que colocaron un camión en la Catedral Metropolitana para concentrar las donaciones que serán destinadas a los afectados de la Ciudad de la Plata.

La Fundación Sí (www.fundacionsi.org.ar) está juntando donaciones en Ángel Carranza 1962, Palermo (todo el día); en el Club Defensores de Banfield (Pena 1610, Banfield, de 14 a 21 horas) y en laParroquia nuestra Señora de la Guardia (Carlos Melo 2902),Vicente Lopez, de 16 hs as 19 hs.

En el periódico Mundo Villa( www.mundovilla.com) hay colectas para el barrio Los Piletones: la ayuda se recibe en Avenida de Mayo 822, piso 4.

En Vicente López, se reciben donaciones durante todo el día en Ugarte 3902 (esquina Ávalos).

Barrios de pie dispuso en Congreso, Combate de los Pozos 550, en La Matanza, Carlos Casares 1149, y en Ramos Mejía, Alvarado 527

EN ZONA OESTE: Red Solidaria en Caseros - Sudamérica 2235 (Santos Lugares) - Parroquia “El Buen Pastor”.

* La Parroquia Itatí de Virreyes (San Fernando) Caritas para consultas es 47424484 y se van a recibir cosas en el colegio Plácido Marín.

* Boulogne San Ignacio de Loyola tuvieron que abrir un comedor. Necesitan ayuda. Coordina Judith Acuña 11545871.




En Colegio de Abogados de Capital  Federal. Hall de la sede de Corrientes 1441, Planta Baja en el horario de 7:30 a 18:00.

La diputada Graciela Ocaña y el legislador Daniel Amoroso ofrecen asesoría legal gratuita (en Tacuarí 143) al igual que en la UCR Capital (Tucumán 1660) en los teléfonos 4371-9881, 4372-0775 y 5218-9820.

* Ministerio de Planificación dispuso una línea especial de atención telefónica para los vecinos damnificados.

                     La línea de atención es: 4390-9500 y 8 líneas rotativas.

Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación.

Proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación.

Actualmente se está tratando la reforma de nuestro Código Civil y  su unificación con el Código de Comercio de la Nación Argentina.El proyecto de reforma se encuentra en su tercer etapa. En primer lugar, se gesto un anteproyecto elaborado por un cuerpo colegiado de juristas encabezado por tres Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este anteproyecto fue remitido al Poder Ejecutivo Nacional quien introdujo algunas modificaciones, remitiéndolo nuevamente al Poder Legislativo, que será el órgano responsable de determinar y conformar una Comisión Bicameral.

A pesar de los cambios históricos, económicos y culturales acaecidos en un siglo de vida de dichos Códigos, los mismos no fueron objetos de una reforma integral. Únicamente se realizaron modificaciones parciales. Por lo antes dicho, este año y según lo previsto se realizara un cambio trascendental con el  debate, aprobación y reforma de dichos cuerpos normativos que impactara en la vida particular de cada uno de los ciudadanos  de este país.

Durante esta semana se constituirá una Comision Bicameral encargada de emitir dictamen. El plazo ordenatorio establecido por el PEN es de noventa días Aunque también es cierto que el  PEN no puede condicionar el debate ni establecer plazos.

La misma resolución habla de la integración de esa comisión conformada por ambas cámaras.

Hubo un debate previo sobre la conformación de dicha Comisión. Algunos sostenían que debía estar integrada por las comisiones permanentes del Congreso, pero  las mismas no son una exigencia constitucional.

La Comisión Bicameral deberá establecer un plan de trabajo y crear su propio reglamento interno.

Se evaluara  si  habrá audiencias públicas en relación al debate.

Entre las principales reformas de los Codigos, se preveen las siguientes:

• Divorcio. La reforma del Código busca simplificar la acción de divorcio: bastará la voluntad de uno solo de los cónyuges, sin necesidad de que exista mutuo acuerdo para concretar la separación. Tampoco será necesario alegar causas del mismo. La Justicia sólo intervendría en casos de desacuerdo en la división de bienes o la tenencia de los hijos menores. Por otra parte, en cuanto al matrimonio, no se realizarán distinciones de sexo para definir quiénes pueden contraerlo, en conformidad con la ley de Matrimonio Igualitario. 
• División de bienes de sociedad conyugal. En este sentido, el nuevo Código agrega la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias actual y un nuevo régimen de separación de bienes, a través de contratos prenupciales. Las convenciones matrimoniales permitirán establecer, antes de contraer matrimonio, una división de bienes determinada en caso de divorcio, como existe en el derecho comparado.
• Filiaciones. La iniciativa propone incorporar las técnicas de reproducción humana asistida (como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, entre otras) e incluso el alquiler de vientre, regulando el consentimiento informado, los requisitos del procedimiento a emplear, la prevalencia de la voluntad procreacional, y la equiparación de la filiación por este medio de reproducción humana con la natural y la adoptiva plena.       
•  Sanciones Conminatorias: En el articulo 804 del proyecto se regula las sanciones conminatorias.   Los   jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.      
•   Cambios del concepto VIDA. Derechos de  las personas por nacer. Comienzo de la existencia. ARTÍCULO 19.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción en la mujer, o con la implantación del embrión en ella en los casos de técnicas de reproducción humana asistida.Se incluye en este articulo, la reproducción mediante técnicas actuales de fertilización.El articulo 21, condiciona la tutela de la persona por nacer, si el nacimiento se produce con vida.ARTÍCULO 21.- Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió.   
•   Adopción.Se simplifica el trámite de adopción no asi los requisitos que deben cumplir los adoptantes. Se mantienen la adopción plena y  simple, y se busca agregar la de integración, referida al hijo del cónyuge o del conviviente, aunque las parejas matrimoniales o convivientes podrían adoptar pero como tales -no cada miembro por separado.
•   En relación a los que los medios nacionales  apodaron como "pesificacion" se refiere al siguiente articulo incorporado en el Proyecto de Reforma. Articulo 765.-  Concepto.  La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.Es importante destacar que en caso de que se apruebe esta clausula, se estaría dejando de lado el "nominalismo monetario"consagrado en el articulo 619 del Código Civil (1)(cuyo fundamento propone la intangibilidad de las prestaciones reciprocas).El principio nominalista  tenia como objetivo dar seguridad jurídica a los compromisos económicos y financieros.La incertidumbre sobre la implementacion  de la pesificacion de los compromisos anteriores, vigentes y futuros, coloca a toda en la Economía en su conjunto en  riesgo de paralización.En ese contexto, es prioritario que en el debate  de la Comisión Bicameral  se incluyan correctamente  y puntualmente herramientas que permitan brindar certitud a las transacciones económicas, en vigencia de  la llamada pesificacion.
•   Sociedades Unipersonales.Se prevee la creación de sociedades unipersonales, es decir, compuesta por un solo socio.
•     Respecto a las  Acciones colectivas incluidas en el anteproyecto original, el PEN elimino dichas  clausulas.La doctrina mayoritaria  sostiene que es imprescindible la sanción de una ley que protega los Intereses individuales homogéneos que dan derecho a las acciones de clases.

En el proyecto también se tutela los derechos personalísimos e implícitos (sepultura, identidad, dignidad, intimidad, honor e imagen, entre otros ).Asimismo se determina  la protección de la propiedad de los Pueblos Originarios; aunque por otra parte, el PEN excluyo la disposicion donde se garantizaba a estos Pueblos el acceso al agua potable.

(1).Artículo 619 Código Civil: Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento.  

Anteproyecto de Código. Articulado completo y ley complementaria. http://dl.dropbox.com/u/56482239/Codigo%20Civil%20-%20Anteproyecto%20-%20Articulado.pdf

Fundamentos del Anteproyecto del Código  Civil y Comercial de la Nación.

http://dl.dropbox.com/u/56482239/C%C3%B3digo%20Civil%20-20Anteproyecto%20-%20Fundamentos.pdf   

Proyecto de reforma: http://www.senado.gov.ar/8842012.pdf

CONTRATOS DE ADHESION.

Los contratos de adhesión.

Los contratos de adhesión son aquellos  cuyo contenido se encuentra predispuesto, es decir, solo una de las partes involucradas diagramo  los mismos. La otra parte contratante solo adhiere, creando el consentimiento necesario en los contratos.

Estos contratos  fuertemente cuestionados han ido in crescendo en su utilización ya  que son un medio  pragmático que poseen  las Empresas ( de consumo masivo, Servicios Públicos, tecnología etc) ,que posibilita la realización de negocios  de forma rápida y fehaciente. Dichos instrumentos   cubren el requerimiento legal necesario  para la multiplicidad de operaciones comerciales que se realizan regularmente.

El  origen de estos se remite a los Contratos de Servicios Públicos. Posteriormente la irrupción de la tecnología creo la necesidad de que estos contratos se hicieran asiduos y regulares, comenzando a ser adoptados por otras Empresas Comerciales.

El cuestionamiento a estos se relacionan a la ignorancia (entiéndase, desconocimiento) que tiene una de las partes  de los alcances  reales del Servicio  u operación facturada, uno de los ejemplos claros seria, forma de facturar un Servicio de Internet( por abono, acceso y otros cargos, ante un reclamo del usuario la Empresa agrega datos que uno desconoce y por consiguiente sufre).

Por ende, la problemática  está estrechamente vinculada  al tema del Poder abusivo.

LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR(LEY 24.240).(1)

La ley de Defensa del Consumidor tiene raigambre constitucional a partir de la Reforma de nuestra Carta Magna del año 1994, y la introducción del artículo 42(2) en la misma.

La Ley trata de alguna forma, por lo menos desde el aspecto normativo  de  palear esta situación injusta para el cliente  o consumidor, buscando evitar  las injusticias  o perjuicios que pueden acaecer como consecuencia de la vinculacion asimetrica existente entre las partes contratantes.

 El artículo 37 de la ley 24.240, se refiere a las clausulas abusivas e ineficaces insertas en un contrato (sea de locación, servicio etc.).Asimismo, el artículo 38 de dicha ley (3) se refiere específicamente a los contratos de adhesión que deberán ser inspeccionados por  la Autoridad de Contralor(Aplicación).La legitimidad de los mismos dependerá de la evaluación de sus términos generales.Ej: en los casos de Seguros, la autoridad de contralor es la Superintendencia de Seguros de la Nación, quien tiene la obligación de controlar dentro de su esfera los contratos de adhesión  que dichas Compañías establecen.

(1)         http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/texact.htm

(2)   Art. 42 DE LA CONSTITUCION NACIONAL: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

(3)  Art. 38 DE LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR: Contrato de Adhesión. Contratos en Formularios. La autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares, no contengan cláusulas de las previstas en el artículo anterior. La misma atribución se ejercerá respecto de las cláusulas uniformes, generales o estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en general, cuando dichas cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido.

Asociacion Ilicita Tributaria.

Asociación Ilícita Penal.

Este delito está tipificado en los artículos 210 y 210 bis, del Código Penal Argentino.La asociación ilícita es un acuerdo de voluntades de tres o más personas cuya finalidad es cometer delitos. El elemento que debe existir para la configuración del mismo, es que dichas actividades sean duraderas en el tiempo. Si no existiera el elemento de permanencia, existiendo hechos particulares, se configuraria el delito de  participación delictiva.

 El artículo 210 castiga a aquel que formare parte de una banda o asociación, con el fin de perpetrar delitos, que contare con por lo menos tres personas. El delito se configura por  solo ser miembro de la asociación  hasta que esa asociación concluya, siendo la pena de reclusión o prisión de tres a diez años. La pena mínima se eleva en cinco años, en los casos de jefes u organizadores de  la asociación.

Asociación Ilícita  Tributaria.

Esta figura se encuentra regulada en la ley 24.769,articulo 15:

- (2) El que a sabiendas:

a) Dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley, será pasible, además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho, de la pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

b) Concurriere con dos o más personas para la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta ley, será reprimido con un mínimo de CUATRO (4) años de prisión.

c) Formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, será reprimido con prisión de TRES (3) años y SEIS (6) meses a DIEZ (10) años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a CINCO (5) años de prisión.

El delito de asociacion ilicita tributaria es fuertemente cuestionado por los aspectos problemáticos que presenta su  estrecha relación con el delito de Asociacion Ilícita Penal, mencionado precedentemente.
Algunos autores sostenían la innecesaria creación de esta figura especial ya que el artículo 210 del Código Penal establece que habrá asociación ilícita, cuando tres o más personas se asocien con el fin de cometer delitos. Dentro de esos delitos, estarían incluidos los delitos que afecten la Hacienda Pública.

Concurre en la Asociacion Ilicita Fiscal la mayoría de los elementos típicos del delito de Asociación Ilícita Penal. La figura especial  se encuentra si hay delito especifico.

En la Asociación Ilícita Fiscal, el Bien Jurídico protegido es la Hacienda Pública. El Orden Publico queda relegado en segunda plano a diferencia del delito de asociación ilícita penal.

En el delito de Asociación Ilícita Penal se tutela la Tranquilidad  y Paz Social( Orden Publico).

Para justificar la creación de esta figura especifica, se invoco  el Fallo “ Stancanelli”(1), en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación destaco que había inexistencia de asociación ilícita penal ya que el bien afectado era el Erario Público.
En rigor, no necesariamente Erario Público es Hacienda Pública, refiriéndose dicho termino a  los bienes que integran el Patrimonio de Estado, Hacienda Publica es un concepto que engloba toda la actividad economica que desarrolla el Estado(2).

Los elementos comunes a ambas figuras son:

·        Dentro del  tipo objetivo: pertenencia y permanencia.
   Habitualidad.(3).
·        Estructura estable y duradera en el tiempo.
·        Integrantes pueden conocerse o no.
·        Organización Interna: deberes de los integrantes de la Asociación.
·        En esta Organización hay estructura colectiva, cada uno tiene su rol con una dirección.

Tipo Subjetivo;

·        Debe existir el concurso de tres personas( voluntad de unión), que obran con dolo y  pertenencia a esta Organización Criminal.

Dentro del tipo objetivo, se encuentra el Fin Fundacional. Este fin es lo que diferencia la figura especifica de la figura genérica prescripta en  artículo 210 del Código Penal.

(1) Fallo abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. 20/11/2oo1.S.471.XXXVII,"Stancanelli, Néstor Edgardo y otro s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público s/ incidente de apelación de Yoma, Emir Fuad -causa n° 798/95". 
(2)  Función gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo del país.
(3) .."especial cualidad que se adquiere a partir de la repeticion de hechos"

SOCIEDADES OFF SHORE.

En sentido general, las sociedades off shore son aquellas constituidas en paraísos fiscales (usualmente lugares exóticos o islas, de escasa,  baja o nula tributación).Estas sociedades, por lo general tienen prohibido ejercer actividad en su país de origen, pero se encuentran habilitadas para actuar en el exterior.

No necesariamente son constituidas en paraísos fiscales, también actúan en países que tienen doble régimen de regulación en materia de sociedades, como en Uruguay donde la ley 16.060 regula actividad de sociedades tradicionales, y hay otra ley, la 11.073(1), que regula  la actividad de sociedades precatalogadas como off shore, las SAFI s (Sociedades Financieras de Inversión).

La Inspeccion General de Justicia, como hemos manifestado en artículo publicado en  12 de octubre de 2010, ha tomados medidas para frenar o evitar operaciones fraudulentas derivadas del accionar de estas Sociedades.

Entre ellas,  podemos mencionar  la Resol. 25/04 en materia de aportes irrevocables, para evitar el fraude contable, determinándose que estas Sociedades tienen la obligación de capitalizarse en un plazo más o menos breve. Otro tema, es el de los beneficios no asignados, obligando a las sociedades a que  distribuyan ganancia.

Un avance del mismo Organismo, es que se estableció mediante Resol. 09/04,la prohibicion de multiplicidad de objetos sociales. Esta resolución  está relacionada con la Resolución General  04/94 ,que determina que el objeto de las Sociedades, debe ser Único, preciso y determinado.

Asimismo, en materia de aportación e integración, se permite la opción de que los socios acrediten el cumplimiento de los aportes dinerarios en el mismo momento de otorgarse el acto constitutivo, en lugar de tener que ir a depositar el dinero en el Banco Nación Argentina.

Doctrina y Jurisprudencia en materia de responsabilidad de estas Sociedades.

En relación a las sociedades off shore, la jurisprudencia también ha sostenido que, en caso de fraude laboral por contratación informal de empleados, corresponde aplicar el régimen de responsabilidad de los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades,que contempla la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los administradores al representante de la sociedad extranjera.

En relación a hipótesis por inoponibilidad de la personalidad pautada en el art. 54 ter de la LS, la Jurisprudencia  puntualizo que el representante legal de la sociedad extranjera inscripta en el Registro Público de Comercio en los términos del art. 118 tercer párrafo de la Ley Nº 19550, pero que no cumplió con los requisitos previstos por las Resoluciones Generales dictadas por la Inspección General de Justicia en sus Resoluciones Generales números 7/03 y 7/05, mal puede desconocer la modalidad irregular en la que se había constituido la sociedad y la forma en que se procedió en la contratación y registro del actor.

 La desestimación de la personalidad o la responsabilidad del representante.
 El  tercer párrafo del art. 54 de la ley de sociedades, hace mención expresa a la inoponibilidad de la persona jurídica y se refiere concretamente a las actuaciones de la sociedad que encubran la consecución de fines extrasocietarios, constituyan un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, y determina que, en el caso, se imputará directamente a los socios o a las controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.

En la causa "Boskoop S.A. s/quiebra s/incidente de extensión de quiebra L.C:160(2)”, se analizó el carácter de sociedad extranjera de la fallida y, consecuentemente, al considerársela una sociedad local que había actuado sin registrarse, cuál era el régimen de responsabilidad de los socios. Así, en primer lugar, el inferior sostuvo que la sociedad constituida en el extranjero debe reputarse sociedad local por aplicación de la LS.: 124, cuando su "principal objeto", es decir, el centro exclusivo de explotación, se realizó en la República Argentina.

Igualmente en dicho caso ,el Tribunal llego a la conclusión de que, pese a la aplicabilidad del art. 160 de la L.C., no cabía hacer lugar a la extensión de la quiebra atento a que, en la falencia principal, el proyecto de distribución demuestra la suficiencia de la realización de los activos para satisfacer la totalidad de los créditos y gastos, por lo que no existe interés jurídico que justifique la subquiebra del socio.

 (1)La Ley Nº 11.073(1948, Rep. Oriental del Uruguay),establece un régimen especial para "las sociedades anónimas cuya actividad principal sea realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o de terceros, o para terceros, inversiones en el extranjero en títulos, bonos, acciones, cédulas, debentures, letras, bienes mobiliarios o inmobiliarios", y que conforme el art. 7 cuando su "único activo en la República esté formado por acciones de otras sociedades de la misma clase, y o por saldos en cuenta corriente en suma inferior al diez por ciento de su activo, abonarán como único impuesto, tasa o contribución, el Impuesto Sustitutivo del de Herencias, Legados y Donaciones que se calculará con una tasa del tres por mil sobre su capital y reserva".. Asimismo, esta norma establece limitaciones y prohibiciones para el accionar de estos entes dentro de la República Oriental del Uruguay; es decir que claramente se prevé la posibilidad de crear sociedades que actuarán fuera de los límites del vecino país.
(2 ) http://www.derecho-comercial.com/Jurisprudencia/Boskoop3.pdf